Tome este espacio para escribir un poco sobre la discapacidad psicosocial de la cual se habla muy poco pero que dadas sus condiciones en muchas ocasiones está asociada a graves violaciones de Derechos Humanos.
Podemos entender las discapacidades psicosocial como la limitación de las personas que padecen disfunciones mentales temporales o permanentes para realizar actividades cotidianas.
De manera habitual se utilizan muchos términos despectivos para etiquetar a estas personas y las mismas son víctimas de estigmas y prejuicios, el principal obstáculo para que puedan ejercer sus derechos y de su inclusión social no es per se la discapacidad sino las prácticas discriminatorias debido a la falta de información, lo que no conocemos nos da miedo.
En México no existen registros confiables de donde están las personas con discapacidad psicosocial debido a que no están debidamente diagnosticada y a que muchas veces las personas con enfermedades mentales permanecen ocultas por su propia familia o pasan desapercibidas al deambular de un sitio a otro como indigentes. No existe una estrategia integral de prevención y atención en materia de servicios de salud mental.
Al no comprender la discapacidad psicosocial, las personas que la presentan son blanco fácil de malos tratos, discriminación y muchas veces abandono de persona por parte de sus familiares, así como pueden ser fácilmente víctimas de delitos ¿quién les va a creer?; algo más que deben padecer es la falta de medicamentos ya que como es bien sabido las instituciones de salud no siempre cuentan con medicamentos y en el caso de las enfermedades mentales los medicamentos suelen ser más costosos por lo que muchos de ellos no tiene acceso a sus medicinas o bien en algunos casos los familiares no se responsabilizan en administrarlos.
Cuando una persona con una disfunción mental comete un delito se le considera como inimputable (un inimputable también puede ser una persona con discapacidad intelectual) y hay dos cosas que un juez puede hacer con una persona inimputable, una es entregarlo con sus familiares o persona que tenga su tutela (esto usualmente en delitos pequeños), la segunda es dar una medida de seguridad que implica un internamiento. La mayoría de las personas en estas circunstancias son internadas en instituciones psiquiátricas en contra de su voluntad (a veces inclusos si son personas con discapacidad intelectual y sin disfunción mental), muchas veces quedando abandonadas por años y hasta de por vida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en el sistema penitenciario hay 4 476 personas internadas con trastornos mentales, de las cuales 1 054 fueron declaradas inimputables. En el caso de la CDMX, el número de inimputables en prisión es de 605, de los cuales 538 son hombres y 67 mujeres. La mayoría de las personas declaradas inimputables están en prisión por el delito del robo.
Ahora bien esto parece una contradicción en sí misma porque en teoría una persona inimputable es aquella que no es responsable penalmente del ilícito que cometió ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este, pero al ser considerado “peligroso” entonces se le da una “medida de seguridad” que es una forma amable de decir que será encerrado de todas maneras porque cometió un ilícito, pero dichas medidas usualmente continúan aun cuando la persona ya está estable, llegando a estar en condiciones infrahumanas.
Las medidas de aislamiento a personas con discapacidad psicosocial están basados en estigmas y estereotipos relacionados a criterios subjetivos de peligrosidad; cuando existen familiares al pendiente suele haber mayor protección de sus derechos, pero cuando han sido abandonados por todos, son más propensas a recibir tratos crueles e inhumanos como el aislamiento prolongado.
La mayoría de las personas con discapacidad psicosocial al tener un adecuado tratamiento psicológico y/o psiquiátrico pueden realizar una vida “normal” y el internamiento hospitalario pocas veces es necesario.
El concepto de autonomía o de libre determinación exige que la persona sea el centro de todas las decisiones que le afecten. Aunque en muchos casos la capacidad de ejercer autonomía de quienes presentan discapacidad pueda encontrarse en efecto limitada. Lo que dicen las leyes mexicanas es que la persona con discapacidad, sobre todo intelectual y mental, no puede tomar decisiones propias, por lo que debe tener un tutor que la represente, esto puede llegar a excesos al anular a la persona. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de crear un mecanismo de apoyo que haga que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones para que el tutor no decida qué vestimenta ha de usar la persona, dónde ha de vivir, cuánto ha de heredar.
Hay mucho camino por recorrer con las personas con discapacidad psicosocial empezando por la información y el trato digno, yendo por diagnósticos adecuados, terapia familiar y contribuyendo a una cultura más acorde a los Derechos Humanos, donde se le vea como personas y no despectivamente como “locos”.
He trabajado como investigadora de campo, así mismo en el DIF municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, en las áreas de Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, la Unidad Básica de Rehabilitación y como jefa de Trabajo Social. He trabajado en diversos casos de colaboración municipal, estatal, nacional e internacional con diversas instituciones; realizando estudios socioeconómicos, elaborando proyectos sociales, asesorando a personas, como facilitadora en mediación en problemas familiares, gestionando apoyos a personas con discapacidad, ejecutando talleres, construyendo y aplicando cursos de veranos para niños, elaborando y ejecutando proyectos sociales.
- DISCAPACIDAD MENTAL O PSICOSOCIAL - 26/05/2017
- ALGUNAS REFLEXIONES DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN - 12/05/2017
- PROPUESTAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA “DESDE TRABAJO SOCIAL” - 21/04/2017
Buen artículo.