Al análisis y aporte multidisciplinar para favorecer la superación de condiciones estructurales de pobrezas, desigualdades y procesos de exclusión que enfrentan nuestras sociedades, debemos pensar las emergencias sociales como un núcleo de fenómenos que ameritan una esfera de planeación social y estratégica nacional en el marco de las políticas públicas, que impliquen recursos de Estado, líneas de investigación interdisciplinares, metodologías preventivas y procesos de intervención social en contextos complejos.
Estos parámetros de conceptualización conceptual, lamentablemente, no han permeado políticas públicas pro activas, que permitan subsanar vacíos de planeación de gestión integral de riesgos, construir procesos participativos comunitarios y sustentar legislaciones que recuperen la experiencia internacional en derechos humanos en materia de cultura de la paz, la importancia de crear líneas de investigación e intervención de Trabajo Social en sistemas de protección civil, comunitaria y familiar; la necesidad de extender cláusulas de protección legal, financieras y psico socio médicas, no sólo a víctimas de violencias sino también de desastres; la intervención comunitaria para la movilización de recursos institucionales y familiares no sólo para incentivar la cultura del simulacro de sismos, sino para activar sistemas informales y alternativos de resguardo, contención y protección, particularmente de población más vulnerable.
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